El observatorio madrileño de salud exige medidas urgentes para la sanidad pública de la región

Desde el Observatorio Madrileño de Salud tenemos que señalar los graves problemas de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid, debido a su crónica infrafinanciación y que en estos últimos momentos se concretan en el deterioro continuado de la Atención Primaria con unos recursos humanos bajo mínimos y serios problemas de accesibilidad de la población, con demoras entre 15 y 30 días para las citas, que además son mayoritariamente telefónicas, aumento de las listas de espera que están en cifras record, mantenimiento del cierre de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) desde marzo de 2020 pese a las promesas realizadas de abrirlos en septiembre, y la implantación de videoconferencias en la atención de urgencias hospitalarias, etc.

En esta situación desde el Observatorio Madrileño de Salud exigimos:

  1. Una financiación suficiente de la Sanidad Pública que asegure un 25% de los presupuestos sanitarios destinados a Atención Primaria.
  2. Apertura urgente de todos los SUAP cerrados en las mismas condiciones en que estaban anteriormente, cuando menos, aunque lo deseable es que se reforzaran las plantillas y equipamientos de los mismos.
  3.  Garantizar citas en Atención Primaria en 48 horas con atención presencial cuando así sea solicitado por los pacientes, con el aumento de plantillas necesario
  4. Atención presencial en todas las urgencias hospitalarias y evitar los sistemas de videoconferencias que deterioran la calidad en la atención médico-paciente.
  5. Realizar un Plan para atender a las listas de espera que pase por una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública dotándola de los medios necesarios.

Creemos que no se puede seguir con una política sanitaria de recortes y privatizaciones que desatiende las necesidades de atención de la población y que pone en grave riesgo su salud. Es urgente dejarse de promesas, generalmente incumplidas, y tomar medidas concretas para responder al derecho constitucional de protección de la salud. En caso contrario propiciaremos las movilizaciones sociales y profesionales necesarias para lograrlo.